Unidas Podemos recurre el acuerdo que impide colgar pancartas en la vía pública

El recurso de reposición se basa en la arbitrariedad y falta de motivación del acuerdo, así como en la limitación de la libertad de expresión

El Grupo municipal Unidas Podemos ha presentado esta mañana un recurso de reposición pidiendo la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se impide el uso de determinados espacios públicos para la colocación de pancartas por considerar que no se ajusta a Derecho.

El recurso de reposición se basa en dos fundamentos de Derecho:

El primero de ellos es la falta de motivación del acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno, una condición que tal y como recoge la Ley de Procedimiento Administrativo, así como jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, es un requisito para todas aquellas decisiones que se dicten en el ejercicio de una potestad discrecional, con el fin de evitar que el hecho se convierta en arbitrario.

En este sentido, el recurso de reposición de Unidas Podemos señala que  la  motivación de la decisión del equipo de gobierno se basa en conceptos absolutamente generalistas y subjetivos, ya que habla de una  “supuesta” existencia de polémica en varias situaciones, sin especificar qué polémicas ni señalar situaciones concretas. Dicho acuerdo habla de la idoneidad de garantizar que el espacio público responda a espacios de neutralidad, sin desarrollar en qué casos o situaciones concretas o incluso manifestar el motivo por el que la colocación de una pancarta, siempre previa autorización de la Junta de Gobierno, puede suponer romper la neutralidad de los espacios públicos. Por último, el acuerdo alega evitar un impacto visual negativo, lo que implica un planteamiento concluyente sesgado y apriorístico ya que es imposible valorar y calificar el impacto visual negativo de una pancarta con antelación.

El segundo fundamento es que el acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno Local restringe el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Española.

A este respecto se reconoce que, si bien la administración local puede regular el uso del espacio público y el paisaje urbano, y así se hacía, puesto que la colocación de las pancartas obedecía a unos criterios técnicos y exigía una autorización previa, lo que no puede hacer es eliminar el derecho a la libertad de expresión.

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