Volvemos a pedir a Page que garantice que las interrupciones de embarazo se hagan en la Sanidad Pública para preservar los derechos de las mujeres
Ante el anuncio de un colectivo anti elección de concentrarse frente a la clínica acreditada de Albacete para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, desde Unidas Podemos exigimos a la Subdelegación del Gobierno de Albacete paralice este atropello. Es obligación de esta administración velar por el cumplimiento de la ley y actuar de oficio para impedir esta campaña de acoso tanto, a las mujeres como a los y las profesionales de la clínica, y denunciar a quien la convoca.
Queremos recordar que fue en abril del pasado año cuando entró en vigor la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, a partir de la cual se considera delito el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. El texto señala que “quien para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.”
Con esta modificación se pretendía poner fin a la intimidación, insultos y coacciones que han tenido que soportar miles de mujeres cuando han ido a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y al mismo tiempo establecer un espacio seguro en torno a las clínicas para garantizar la confidencialidad de estas mujeres.
Además, la ley recoge que, para la persecución de este delito, no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal. Por lo que desde Unidas Podemos confiamos en que no se permita llevar a cabo esta campaña de oración y ayuno, y que la Subdelegación del Gobierno de Albacete actúe de oficio denunciando a quien lo está promoviendo a través de una página web, a sabiendas de que esta acción vulnera la ley.
Por otra parte, Unidas Podemos quiere hacer hincapié en que la mejor forma de velar por los derechos de las mujeres es garantizar que las IVEs se realicen en los centros de la Sanidad Pública. Una vez más exigimos al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y a la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, que trabajen para hacerlo posible y se dejen de excusas y de poner obstáculos al cumplimiento de la ley.
Asimismo, instamos al Gobierno regional a que ponga en marcha programas de educación sexual y corresponsabilidad en la contracepción para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.
Juan José Jiménez Gómez
Luis
Virtu